Arbitraje en México

El nuevo procedimiento arbitral abreviado de la CCI

Sofía Gómez Ruano

El pasado 1 de marzo de 2017 entraron en vigor modificaciones al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (el “Reglamento de Arbitraje de la CCI”) para prever la posibilidad de un arbitraje abreviado. En palabras de Alexis Mourre, Presidente de la Corte de Arbitraje de la CCI, la intención de las nuevas disposiciones es promover que “las disputas se resuelvan de una manera rápida y rentable”.

¿Cuándo serán aplicables las disposiciones del arbitraje abreviado?

Al someterse al Reglamento de Arbitraje de la CCI las partes aceptan que las disposiciones del arbitraje abreviado, el cual se dio a conocer en inglés como expedited arbitration[1], sea aplicable cuando se den alguna de estas condiciones:

  • el monto en litigio de la disputa no exceda la cantidad de US$2’000,000 (Artículo 1.1 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI); o
  • cuando las partes así lo acuerden (“opt in”), independientemente del monto en litigio (Artículo 30.2 del Reglamento de Arbitraje de la CCI).

Es conveniente tener en cuenta que las disposiciones relativas al arbitraje abreviado únicamente serán aplicables para procedimientos derivados de acuerdos arbitrales suscritos con fecha posterior a la entrada en vigor de dichas disposiciones, es decir, para procedimientos arbitrales derivados de acuerdos arbitrales celebrados con fecha posterior al 1 de marzo de 2017.

Consecuentemente, pasarán todavía algunos meses para que la Secretaría de la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”) se enfrente a los primeros arbitrajes administrados bajo esta nueva modalidad salvo que las partes acuerden utilizar esa modalidad de arbitraje al momento de iniciar el procedimiento.

¿Se puede excluir la aplicación de las disposiciones de arbitraje abreviado?

Existe la posibilidad de “optar por excluir” (“opt out”) la aplicación de las disposiciones de un arbitraje abreviado, es decir, que las partes en su acuerdo arbitral o bien, en el intercambio de demanda y contestación acuerden que las reglas de arbitraje abreviado no les sean aplicables (Artículo 30.3 del Reglamento de Arbitraje de la CCI).

Por tanto, si al momento de redactar un acuerdo de arbitraje se tiene claro que no se deseará la aplicación de las reglas para los arbitrajes abreviados, será importante expresamente señalarlo en la cláusula arbitral.

¿En qué momento se sabe que un arbitraje se regulará por las reglas de un arbitraje abreviado?

De ser el caso, una vez recibida la Contestación de Demanda o transcurrido el plazo para que la misma se presente o en cualquier plazo relevante posterior, la Secretaría General de la CCI comunicará a las partes que las reglas del arbitraje abreviado aplicarán a su caso (Artículo 1.4 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI). Lo anterior, sin perjuicio de que durante el procedimiento la CCI, de oficio o a petición de parte, previa consulta a los miembros del tribunal arbitral, decida que ya no le serán aplicables.

¿Qué diferencias existen entre un arbitraje común y un arbitraje abreviado?

  1. Número de árbitros

 Los arbitrajes abreviados bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI serán resueltos por un árbitro único. Lo anterior independientemente de que las partes hubieran pactado algo diferente en su acuerdo arbitral.

Esta disposición del reglamento no es renunciable, toda vez que es parte de lo que distingue a un procedimiento abreviado de uno común y que está orientado a que sea más expedito y tenga un menor costo. Si existiera un especial interés de las partes por tener un tribunal arbitral integrado por tres miembros, las partes podrían optar por excluir las disposiciones del arbitraje abreviado al inicio del procedimiento.

  1. Nombramiento del árbitro único

 La Secretaría de la CCI otorga a las partes un plazo para que conjuntamente nombren al árbitro único. En caso de no alcanzar un acuerdo sobre la designación, la Corte de Arbitraje de la CCI realiza el nombramiento del árbitro único (Artículo 2 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI).

  1. Acta de Misión

 Para los arbitrajes abreviados no está prevista la elaboración de un Acta de Misión por parte del árbitro (Artículo 3.1 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI). En estos casos, la litis del procedimiento se fija al momento que se constituye el tribunal arbitral no pudiendo existir nuevas reclamaciones a menos de que el árbitro único así lo autorice.

  1. Laudo

 El árbitro único debe rendir su laudo en un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha en que se lleve a cabo la conferencia para la organización del procedimiento arbitral (Artículo 4.1 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI). Dicha conferencia debe celebrarse en un plazo no mayor a 15 días contados a partir de que el árbitro reciba el expediente del caso por parte de la institución arbitral (Artículo 3.3 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI).

  1. Honorarios de los árbitros

 Los honorarios de los árbitros se calculan con un arancel distinto que prevé honorarios reducidos en comparación con los de un arbitraje común (Artículo 4.2 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI). A manera de ejemplo, en un arbitraje común con un monto en litigio de US$50,000 los honorarios del árbitro único oscilarán entre US$3,000 y el 18.2% del monto en litigio en cuestión, mientras que si se considera un arbitraje abreviado el árbitro recibirá por concepto de honorarios entre US$2,500 y el 14.4% del monto en litigio.

Tesis Aislada: JUSTICIABILIDAD DE LOS LAUDOS ARBITRALES CUANDO UN SUJETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL AFIRMA QUE SE VIOLA EL ORDEN PÚBLICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1457, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

La porción normativa establece que un laudo podrá ser anulado cuando el juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público. En precedentes se ha determinado que se actualiza esta causa de nulidad, cuando la cuestión dilucidada se coloque más allá de los límites de dicho orden, es decir, más allá de las instituciones jurídicas del Estado, de los principios, normas e instituciones que lo conforman y que trasciende a la comunidad por lo ofensivo y grave del yerro cometido en la decisión. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la decisión de la Administración Pública Federal de acudir a un arbitraje, tiene consecuencias normativas que los jueces deben considerar al momento de evaluar la referida causal de nulidad. En primer lugar, la decisión de suscribir una cláusula arbitral es una decisión de política pública, en virtud de la cual deliberadamente se decide que las indeterminaciones semánticas del contrato se reservan a los árbitros y se acepta que las decisiones que éstos tomen pueden impactar la política pública de que se trate, por lo que los jueces constitucionales deben respetar esta decisión y no deben valorar los méritos de las decisiones tomadas por los árbitros al resolver las dudas interpretativas, pues las consideraciones de política pública no deben entenderse incluidas en el concepto de orden público. Lo determinante es verificar que el tribunal arbitral haya resuelto los términos de la controversia dentro de su margen de acción. Así, con el fin de lograr la optimización del mandato de preservar el arbitraje como expresión de la libertad de las personas para resolver controversias, tratándose de una causal de nulidad que se funda en violación al orden público, ésta sólo se actualizará cuando del laudo se advierta que se atenta directamente contra los principios o instituciones jurídicas fundamentales. Si no obstante lo anterior, se considerara que la decisión arbitral es contraria al diseño original de la política pública, ello no necesariamente actualiza la referida causal, ya que debe recordarse que al tratarse de un contrato público, el Estado cuenta con un régimen exorbitante de derecho público que permite la modificación o extinción del contrato, a condición de cumplir los principios del artículo 134 Constitucional. (Énfasis añadido)
PRIMERA SALA
 

Amparo directo 71/2014. Comisión Federal de Electricidad. 18 de mayo de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

 Esta tesis se publicó el viernes 24 de marzo de 2017 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis aislada: ARBITRAJE. IMPLICACIONES NORMATIVAS DERIVADAS DE SU CONSTITUCIONALIZACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA DE JUNIO DE 2008.

El artículo 17 constitucional establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sin embargo, esta prohibición no supone el otro extremo de que todas las controversias entre las personas deban resolverse a través de autoridades judiciales, pues también establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Por tanto, la solución constitucional es una intermedia: prevé que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, pero también que, de manera paralela, la ley deberá habilitar mecanismos alternativos. Con base en esta nueva arquitectura a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, deben explicitarse algunas de las premisas interpretativas asumidas por este tribunal constitucional. En primer lugar, el arbitraje es una figura legislativa con relevancia constitucional. Por tanto, la ley que la regule debe considerarse reglamentaria del cuarto párrafo del artículo 17 constitucional. Relacionado con lo anterior, se debe cambiar la caracterización de la decisión de acceder a dicha institución, pues más que una renuncia de derechos constitucionales (de acceder a los tribunales), el arbitraje encierra el ejercicio afirmativo de libertades constitucionales que ameritan protección judicial. Ahora bien, respecto de las distintas posibilidades del ejercicio de esas libertades, el texto de la Constitución es neutro; ello implica que todos los mecanismos alternativos de solución de controversias gozan del mismo tipo de protección constitucional -por ejemplo, mediación, conciliación y arbitraje- y, por tanto, el legislador no está obligado a regular ninguno de ellos de manera preferente. Al relacionarse con el ejercicio de libertades, si las partes deciden acudir al arbitraje, deben hacerlo sobre la premisa de que el tribunal arbitral no es equiparable a una autoridad judicial desde la perspectiva constitucional. 

PRIMERA SALA

Amparo directo 71/2014. Comisión Federal de Electricidad. 18 de mayo de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

 Esta tesis se publicó el viernes 24 de marzo de 2017 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Dispute Resolution In the New Hydrocarbons Exploration

Los invitamos a leer la nota publicada por nuestra firma en el suplemento especial “New Rules, new opportunities” del periódico Reforma y el Wall Street Journal sobre la solución de controversias en el sector de hidrocarburos en México.

http://comercial.reforma.com/libre/comercial/newrules/?pxs=1

CAM nombra nuevo Secretario General

Con miras a su Vigésimo Aniversario (1997-2017), el Centro de Arbitraje de México (CAM) anunció el nombramiento de Sylvia Sámano Beristain como su nueva Secretaria General.
Sylvia es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y, recientemente, Maestra por la Universidad de Hong Kong en Arbitraje y Solución de Controversias.

Cláusulas de solución de controversias en modelos de contratos para el uso, goce, afectación o adquisición de los terrenos, bienes o derechos respecto de la exploración y extracción de hidrocarburos, el transporte por medio de duchos y el reconocimiento y exploración superficial

OGRLAW participó recientemente ante COFEMER con comentarios a las cláusulas de solución de controversias para los modelos de contratos para el uso, goce, afectación o adquisición de los terrenos, bienes o derechos respecto de la exploración y extracción de hidrocarburos, el transporte por medio de ductos y el reconocimiento y exploración superficial. Para conocer nuestros comentarios los invitamos a visitar la siguiente liga:

http://www.cofemersimir.gob.mx/expediente/18595/recibido/87343/B000161231

 

LAUDO ARBITRAL. LA CIRCUNSTANCIA QUE CONSTITUYA UN TÍTULO EJECUTIVO, NO DA LUGAR A QUE AL PROVEER SOBRE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES Y ARBITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO Y SU EJECUCIÓN, SE EMITA AUTO DE MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN.

Conoce la tesis publicada el pasado mes de junio en el Semanario Judicial en nuestra sección de tesis y jurisprudencias.

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