Arbitraje en México

Nueva tesis confirma que el arbitraje es voluntario y vinculante

ARBITRAJE COMERCIAL. LAS PARTES NO PUEDEN DESCONOCER LA CLÁUSULA EN LA QUE SE OBLIGARON A SOMETERSE A ÉSTE.

El arbitraje comercial es uno de los medios alternativos para la solución de conflictos en el ámbito comercial, establecido para la comunidad nacional e internacional, el cual nace del pacto expreso entre dos o más partes para resolver las controversias que surjan o hayan surgido entre ellas, mediante un procedimiento legal o específico que debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento, atribuyendo a un tercero o a un tribunal, que son sujetos ajenos a los intereses en disputa, la facultad de resolver el litigio existente mediante un laudo, que tendrá fuerza vinculatoria para ambas partes. En ese orden de ideas, el arbitraje es de naturaleza convencional, pues se basa en la autonomía de la voluntad de cada persona, con sustento en la libertad contractual de las partes, solamente que su objeto específico es otorgar facultades a un tercero para resolver una controversia que puede ser sustraída del ámbito jurisdiccional estatal; en consecuencia, las partes no pueden desconocer la cláusula que contenga el acuerdo de arbitraje comercial, toda vez que sería tanto como desconocer la voluntad que tuvieron de obligarse a someter sus controversias ante dicho arbitraje, es decir, las partes deben ser fieles a ese compromiso arbitral que han pactado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 62/2019. Mantenimientos y Servicios Integrales, S.A. de C.V. 23 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Cinthia Monserrat Ortega Mondragón.
________________________________________

Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Nueva tesis: el compromiso arbitral involucra solo a aquellos que lo pactaron

COMPROMISO ARBITRAL. INVOLUCRA SÓLO A LAS PARTES QUE LO PACTARON.

El consentimiento de las partes opera en el momento de iniciar el arbitraje, ya que se basa en el principio de libertad y disposición de las partes para elegir la vía para resolver sus conflictos. Por tanto, las partes que no están involucradas en el compromiso arbitral no podrán participar en él. En ese sentido, cuando existen contratos en los que las partes pactaron cláusula arbitral no puede existir una interrelación con otros en donde no se hizo ese compromiso arbitral, porque no puede someterse al arbitraje a quien no lo decidió. Sin embargo, el laudo arbitral es válido, aun cuando existan terceros que contrataron con cada una de las partes que decidieron someterse al arbitraje. Las diferencias entre éstos y alguno de los arbitrajes, se resolverán en la jurisdicción formal y materialmente jurisdiccional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 8/2019. M+W High Tech Projects México, S. de R.L. de C.V. 10 de abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Montserrat Cesarina Camberos Funes.
________________________________________

Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Contradicción de tesis lleva nuevamente a utilizar el amparo indirecto

LAUDO ARBITRAL. EN CONTRA DE LA SENTENCIA EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL EN QUE SE DILUCIDE SU NULIDAD, O BIEN, SU RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

El juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje a que se refieren los artículos 1470 y 1471 del Código de Comercio, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de enero de 2011, que procede para solicitar la nulidad de un laudo arbitral, así como su reconocimiento y ejecución, no nace del ejercicio de una acción civil (personal, real o del estado civil), motivo por el cual, aun cuando culmine con una resolución en contra de la que no procede recurso, ésta no podrá reputarse como sentencia definitiva por la que se pone fin al juicio para los efectos de la procedencia del amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo; ello, en virtud de que el mismo, en materias civil y mercantil, únicamente procede cuando el acto reclamado pone fin al juicio en el que se hicieron valer ciertas pretensiones al cobijo de cierta clase de acciones. Por lo que si el laudo arbitral constituye la culminación de un procedimiento seguido en forma de juicio, que vincula a las partes contendientes, quienes se sometieron a la decisión de un tercero en ejercicio de la autonomía de su voluntad, y en el juicio especial de referencia, sólo se dilucida lo atinente a la nulidad del laudo arbitral, o bien, su reconocimiento y ejecución; entonces, la sentencia en el juicio especial, cuya procedencia se limita a cuestiones adjetivas y no sustantivas, que se encuentran establecidas en forma limitativa, y que no tienden a la resolución del fondo de la controversia suscitada por las partes; es reclamable a través del juicio de amparo indirecto, de acuerdo con lo previsto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que esencialmente se trata de una resolución proveniente de un tribunal materialmente jurisdiccional, dictada en un procedimiento especial seguido después de que concluyó la controversia principal, en el caso, el procedimiento arbitral que resolvió las pretensiones de los interesados.

PRIMERA SALA

Contradicción de tesis 250/2019. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 16 de octubre de 2019. Mayoría de tres votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Claudia Lissette Montaño Mendoza.
Tesis y/o criterios contendientes:
El emitido por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2015, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.I.C. J/23 C (10a.), de título y subtítulo: “LAUDO ARBITRAL. LA RESOLUCIÓN TERMINAL SOBRE SU NULIDAD O RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN EMITIDA EN EL JUICIO ESPECIAL, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.”; publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de enero de 2019 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 26, Tomo III, enero de 2016, página 2214, con número de registro digital: 2010812; y,
El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 505/2018, en el que determinó que la resolución que pone fin al juicio especial de ejecución de un laudo arbitral debe ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, ya que esencialmente se trata de una resolución proveniente de un tribunal materialmente jurisdiccional, dictada en un procedimiento especial seguido después de que se concluyó la controversia principal –procedimiento arbitral que resolvió las pretensiones de los interesados–, con lo que se actualiza la hipótesis de procedencia prevista en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo.
Tesis de jurisprudencia 87/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de trece de noviembre de dos mil diecinueve.
________________________________________

Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Nueva tesis sobre el uso del arbitraje y los contratos coligados

LAUDO ARBITRAL. NO PUEDE SER ANULADO EN LA VÍA JUDICIAL SI SE ARGUMENTA LA COLIGACIÓN DE CONTRATOS DE PARTES QUE NO SE SOMETIERON AL ARBITRAJE.

Cuando existe una coligación de contratos de quienes no se sometieron al arbitraje con una de las partes que sí lo hizo, pero por otro contrato, el laudo arbitral no puede ser anulado en la vía judicial. Si en la reconvención se prueba que hay contratos coligados, con quienes se someten al arbitraje, no implica vedar el derecho de quienes con libertad decidieron celebrar el compromiso arbitral materia del laudo y su ejecución que son partes distintas de quien aprovechó la coligación de contratos. Es así, porque el arbitraje voluntario o contractual se determina por la libre voluntad con que se fija al árbitro o árbitros, a las reglas procesales para la solución del conflicto y en ocasiones el derecho sustantivo aplicable al caso. El arbitraje voluntario tiene origen en el compromiso arbitral o “cláusula compromisoria” que se instala en el momento de la concertación, la cual implica renuncia al conocimiento de una controversia por la autoridad judicial, a grado tal que si una de las partes citase a la otra ante el Juez, la demandada podría solicitar que éste se abstenga del estudio de fondo en virtud de la “excepción de compromiso en árbitros”, que no es de incompetencia o litispendencia, sino materialmente de renuncia pactada al procedimiento judicial. De manera que las partes prácticamente sustituyen al proceso y optan por solucionar su conflicto conforme a la decisión de un árbitro, quien no será funcionario del Estado ni tendrá jurisdicción propia o delegada, sino que sus facultades derivarán de la voluntad de las partes expresadas de conformidad con la ley; su decisión será irrevocable por voluntad. La exclusión del Juez en la arbitración puramente voluntaria representa una consecuencia importante porque la resolución que dirime el conflicto no será una sentencia, sino un acto privado denominado laudo, el cual intrínsecamente no compromete al derecho subjetivo o las acciones judiciales. De manera que el laudo arbitral no puede ser anulado en la vía judicial si se argumenta la coligación de contratos de partes que no se sometieron al arbitraje.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 8/2019. M+W High Tech Projects México, S. de R.L. de C.V. 10 de abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: Montserrat Cesarina Camberos Funes.

Nueva tesis sobre Remisión al Arbitraje

REMISIÓN AL ARBITRAJE INTERNACIONAL. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO PARA RESOLVER DE INMEDIATO ESA SOLICITUD, GARANTIZA EL DERECHO DE AUDIENCIA, AL DAR OPORTUNIDAD DE ALEGAR MEDIANTE LA VISTA QUE SE OTORGA A LAS PARTES.

Los artículos 1424, 1464 y 1465 del Código de Comercio, en lo conducente, disponen que cuando ante un Juez al que se someta un litigio sobre un asunto que sea objeto de arbitraje, una de las partes solicite la remisión al arbitraje internacional, aquél, previa vista a las demás partes, resolverá de inmediato y sólo podrá denegarla: a) Si en el desahogo de la vista se demuestra por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, que se declaró la nulidad del acuerdo de arbitraje; o, b) Si la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje son notorias desde el desahogo de la vista, cuya determinación debe estar precedida observando un criterio riguroso. En este contexto se concluye que el trámite de la solicitud referida, establece formalidades esenciales de todo procedimiento, en la medida en que garantiza el derecho de audiencia previa a la resolución respectiva, ya que admite la oportunidad de alegar mediante la vista que se otorga a las partes, en la que además, dada la naturaleza de las excepciones que pueden oponerse, únicamente son factibles de aportarse pruebas que no requieran preparación para su desahogo, pues la nulidad del acuerdo arbitral debe acreditarse por medio de resolución firme, sea en forma de sentencia o laudo arbitral, en tanto que la nulidad, la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje, en virtud de que tienen que ser notorias y analizadas bajo un criterio riguroso, implica que sólo puedan hacerse valer argumentos relacionados con cuestiones de derecho y, en su caso, exhibir documentales para ese efecto, por tal razón, la parte actora del juicio de origen en donde se presentó la petición, no carece de un medio para ser escuchada previo al dictado de la resolución que decida sobre la solicitud al arbitraje, en la medida en que cuenta con el desahogo de la vista para demostrar la ilegalidad de la cláusula arbitral que no le es desconocida porque forma parte del contrato celebrado por ella, en la que se estipuló que cualquier controversia o reclamación que surja o esté relacionada con el contrato o cualquiera de los otros contratos o su incumplimiento deberá ser sometida al arbitraje.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 34/2019. Internacional de Cerámica, S.A.B. de C.V. 15 de agosto de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: lgnacio Cuenca Zamora. Secretaria: Liliana Flores Beltrán.

Tesis confirma que los árbitros no son autoridad responsable para efectos del amparo

AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ÁRBITROS PRIVADOS.

Los árbitros cuando tienen la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes someten a su consideración, como emana de un compromiso formado entre particulares, su función es privada, esto es, los actos que emiten derivan del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes que da origen al procedimiento arbitral; por tanto, se trata de un arbitraje privado voluntario o contractual, debido a que las partes renunciaron al conocimiento de la controversia por una autoridad judicial para someterse a la decisión de un particular; de ahí que no son funcionarios del Estado ni tienen jurisdicción propia o delegada, dado que sus facultades no derivan de una norma general, sino de la voluntad de los contratantes expresada en el acuerdo que la ley reconoce, y como quien nombra a los árbitros y determina los límites de su oficio no obra en interés público, o sea, en calidad de órgano del Estado, sino en interés privado, lógicamente sus funciones no son públicas, sino privadas, lo que significa que carecen de imperio, de manera que los árbitros no pueden conceptuarse como autoridades del Estado ni sus actos son equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, de conformidad con el primer párrafo de la fracción II del artículo 5o. de la ley de la materia, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo promovido en su contra.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Queja 178/2019. Ernesto Valls Escandell, su sucesión. 3 de julio de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Verónica Ávalos Díaz. Secretario: José Manuel Martínez Villicaña.

Acceso a MASC es un Derecho Humano

Época: Décima Época
Registro: 2020851
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 18 de octubre de 2019 10:28 h
Materia(s): (Constitucional)
Tesis: I.3o.C.3 CS (10a.)

JUSTICIA ALTERNATIVA. CONSTITUYE UN DERECHO HUMANO DE RANGO CONSTITUCIONAL.

La reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, encuentra su telos en lograr que la justicia sea impartida de manera rápida y eficaz. El Poder Reformador de la Constitución estimó que los justiciables tuvieran la posibilidad de acceder a los métodos alternativos de solución de conflictos como una opción al proceso jurisdiccional, para fomentar la cultura del diálogo, el respeto por el otro, la agilidad y eficacia, entre otros, que los medios alternativos tienen. Con esta reforma constitucional, el Estado deja de tener el monopolio para dirimir las controversias entre particulares y da cabida a los medios alternativos para resolver los conflictos, para que de una forma expedita y de fondo, las partes con ayuda de terceros imparciales, resuelvan expedita, equitativa y flexiblemente los conflictos. De modo que la importancia y trascendencia de la citada reforma es elevar a rango constitucional el derecho humano de acceso a los medios alternativos de justicia de naturaleza civil, para que los conflictos se resuelvan de una manera rápida, ágil, pacífica y eficaz, al ser herramientas para revolucionar el sistema tradicional de justicia, los cuales derivan de lo establecido en el párrafo quinto del artículo 17 de la Constitución Federal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 935/2018. Luz María del Carmen Zariñana Garduño. 30 de enero de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Secretaria: María Alejandra Suárez Morales.

Esta tesis se publicó el viernes 18 de octubre de 2019 a las 10:28 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

El nuevo procedimiento arbitral abreviado de la CCI

Sofía Gómez Ruano

El pasado 1 de marzo de 2017 entraron en vigor modificaciones al Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (el “Reglamento de Arbitraje de la CCI”) para prever la posibilidad de un arbitraje abreviado. En palabras de Alexis Mourre, Presidente de la Corte de Arbitraje de la CCI, la intención de las nuevas disposiciones es promover que “las disputas se resuelvan de una manera rápida y rentable”.

¿Cuándo serán aplicables las disposiciones del arbitraje abreviado?

Al someterse al Reglamento de Arbitraje de la CCI las partes aceptan que las disposiciones del arbitraje abreviado, el cual se dio a conocer en inglés como expedited arbitration[1], sea aplicable cuando se den alguna de estas condiciones:

  • el monto en litigio de la disputa no exceda la cantidad de US$2’000,000 (Artículo 1.1 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI); o
  • cuando las partes así lo acuerden (“opt in”), independientemente del monto en litigio (Artículo 30.2 del Reglamento de Arbitraje de la CCI).

Es conveniente tener en cuenta que las disposiciones relativas al arbitraje abreviado únicamente serán aplicables para procedimientos derivados de acuerdos arbitrales suscritos con fecha posterior a la entrada en vigor de dichas disposiciones, es decir, para procedimientos arbitrales derivados de acuerdos arbitrales celebrados con fecha posterior al 1 de marzo de 2017.

Consecuentemente, pasarán todavía algunos meses para que la Secretaría de la Cámara de Comercio Internacional (“CCI”) se enfrente a los primeros arbitrajes administrados bajo esta nueva modalidad salvo que las partes acuerden utilizar esa modalidad de arbitraje al momento de iniciar el procedimiento.

¿Se puede excluir la aplicación de las disposiciones de arbitraje abreviado?

Existe la posibilidad de “optar por excluir” (“opt out”) la aplicación de las disposiciones de un arbitraje abreviado, es decir, que las partes en su acuerdo arbitral o bien, en el intercambio de demanda y contestación acuerden que las reglas de arbitraje abreviado no les sean aplicables (Artículo 30.3 del Reglamento de Arbitraje de la CCI).

Por tanto, si al momento de redactar un acuerdo de arbitraje se tiene claro que no se deseará la aplicación de las reglas para los arbitrajes abreviados, será importante expresamente señalarlo en la cláusula arbitral.

¿En qué momento se sabe que un arbitraje se regulará por las reglas de un arbitraje abreviado?

De ser el caso, una vez recibida la Contestación de Demanda o transcurrido el plazo para que la misma se presente o en cualquier plazo relevante posterior, la Secretaría General de la CCI comunicará a las partes que las reglas del arbitraje abreviado aplicarán a su caso (Artículo 1.4 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI). Lo anterior, sin perjuicio de que durante el procedimiento la CCI, de oficio o a petición de parte, previa consulta a los miembros del tribunal arbitral, decida que ya no le serán aplicables.

¿Qué diferencias existen entre un arbitraje común y un arbitraje abreviado?

  1. Número de árbitros

 Los arbitrajes abreviados bajo el Reglamento de Arbitraje de la CCI serán resueltos por un árbitro único. Lo anterior independientemente de que las partes hubieran pactado algo diferente en su acuerdo arbitral.

Esta disposición del reglamento no es renunciable, toda vez que es parte de lo que distingue a un procedimiento abreviado de uno común y que está orientado a que sea más expedito y tenga un menor costo. Si existiera un especial interés de las partes por tener un tribunal arbitral integrado por tres miembros, las partes podrían optar por excluir las disposiciones del arbitraje abreviado al inicio del procedimiento.

  1. Nombramiento del árbitro único

 La Secretaría de la CCI otorga a las partes un plazo para que conjuntamente nombren al árbitro único. En caso de no alcanzar un acuerdo sobre la designación, la Corte de Arbitraje de la CCI realiza el nombramiento del árbitro único (Artículo 2 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI).

  1. Acta de Misión

 Para los arbitrajes abreviados no está prevista la elaboración de un Acta de Misión por parte del árbitro (Artículo 3.1 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI). En estos casos, la litis del procedimiento se fija al momento que se constituye el tribunal arbitral no pudiendo existir nuevas reclamaciones a menos de que el árbitro único así lo autorice.

  1. Laudo

 El árbitro único debe rendir su laudo en un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha en que se lleve a cabo la conferencia para la organización del procedimiento arbitral (Artículo 4.1 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI). Dicha conferencia debe celebrarse en un plazo no mayor a 15 días contados a partir de que el árbitro reciba el expediente del caso por parte de la institución arbitral (Artículo 3.3 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI).

  1. Honorarios de los árbitros

 Los honorarios de los árbitros se calculan con un arancel distinto que prevé honorarios reducidos en comparación con los de un arbitraje común (Artículo 4.2 del Apéndice VI del Reglamento de Arbitraje de la CCI). A manera de ejemplo, en un arbitraje común con un monto en litigio de US$50,000 los honorarios del árbitro único oscilarán entre US$3,000 y el 18.2% del monto en litigio en cuestión, mientras que si se considera un arbitraje abreviado el árbitro recibirá por concepto de honorarios entre US$2,500 y el 14.4% del monto en litigio.

Tesis Aislada: JUSTICIABILIDAD DE LOS LAUDOS ARBITRALES CUANDO UN SUJETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL AFIRMA QUE SE VIOLA EL ORDEN PÚBLICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1457, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE COMERCIO).

La porción normativa establece que un laudo podrá ser anulado cuando el juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público. En precedentes se ha determinado que se actualiza esta causa de nulidad, cuando la cuestión dilucidada se coloque más allá de los límites de dicho orden, es decir, más allá de las instituciones jurídicas del Estado, de los principios, normas e instituciones que lo conforman y que trasciende a la comunidad por lo ofensivo y grave del yerro cometido en la decisión. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la decisión de la Administración Pública Federal de acudir a un arbitraje, tiene consecuencias normativas que los jueces deben considerar al momento de evaluar la referida causal de nulidad. En primer lugar, la decisión de suscribir una cláusula arbitral es una decisión de política pública, en virtud de la cual deliberadamente se decide que las indeterminaciones semánticas del contrato se reservan a los árbitros y se acepta que las decisiones que éstos tomen pueden impactar la política pública de que se trate, por lo que los jueces constitucionales deben respetar esta decisión y no deben valorar los méritos de las decisiones tomadas por los árbitros al resolver las dudas interpretativas, pues las consideraciones de política pública no deben entenderse incluidas en el concepto de orden público. Lo determinante es verificar que el tribunal arbitral haya resuelto los términos de la controversia dentro de su margen de acción. Así, con el fin de lograr la optimización del mandato de preservar el arbitraje como expresión de la libertad de las personas para resolver controversias, tratándose de una causal de nulidad que se funda en violación al orden público, ésta sólo se actualizará cuando del laudo se advierta que se atenta directamente contra los principios o instituciones jurídicas fundamentales. Si no obstante lo anterior, se considerara que la decisión arbitral es contraria al diseño original de la política pública, ello no necesariamente actualiza la referida causal, ya que debe recordarse que al tratarse de un contrato público, el Estado cuenta con un régimen exorbitante de derecho público que permite la modificación o extinción del contrato, a condición de cumplir los principios del artículo 134 Constitucional. (Énfasis añadido)
PRIMERA SALA
 

Amparo directo 71/2014. Comisión Federal de Electricidad. 18 de mayo de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

 Esta tesis se publicó el viernes 24 de marzo de 2017 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis aislada: ARBITRAJE. IMPLICACIONES NORMATIVAS DERIVADAS DE SU CONSTITUCIONALIZACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA DE JUNIO DE 2008.

El artículo 17 constitucional establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Sin embargo, esta prohibición no supone el otro extremo de que todas las controversias entre las personas deban resolverse a través de autoridades judiciales, pues también establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Por tanto, la solución constitucional es una intermedia: prevé que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, pero también que, de manera paralela, la ley deberá habilitar mecanismos alternativos. Con base en esta nueva arquitectura a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, deben explicitarse algunas de las premisas interpretativas asumidas por este tribunal constitucional. En primer lugar, el arbitraje es una figura legislativa con relevancia constitucional. Por tanto, la ley que la regule debe considerarse reglamentaria del cuarto párrafo del artículo 17 constitucional. Relacionado con lo anterior, se debe cambiar la caracterización de la decisión de acceder a dicha institución, pues más que una renuncia de derechos constitucionales (de acceder a los tribunales), el arbitraje encierra el ejercicio afirmativo de libertades constitucionales que ameritan protección judicial. Ahora bien, respecto de las distintas posibilidades del ejercicio de esas libertades, el texto de la Constitución es neutro; ello implica que todos los mecanismos alternativos de solución de controversias gozan del mismo tipo de protección constitucional -por ejemplo, mediación, conciliación y arbitraje- y, por tanto, el legislador no está obligado a regular ninguno de ellos de manera preferente. Al relacionarse con el ejercicio de libertades, si las partes deciden acudir al arbitraje, deben hacerlo sobre la premisa de que el tribunal arbitral no es equiparable a una autoridad judicial desde la perspectiva constitucional. 

PRIMERA SALA

Amparo directo 71/2014. Comisión Federal de Electricidad. 18 de mayo de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto particular y Norma Lucía Piña Hernández, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi.

 Esta tesis se publicó el viernes 24 de marzo de 2017 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

OGRLAW en twitter