Arbitraje en México

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El caso Pemex Exploración y Producción vs Commisa

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Uno de los asuntos recientes más comentados en los que ha estado involucrado Pemex como parte, ha sido el caso conocido como “caso COMMISA” por lo que vale la pena conocer algunos de los detalles del mismo.
La controversia surgió de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado celebrado en octubre de 1997 entre PEP y Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R.L. de C.V. (“COMMISA”) para la construcción de dos plataformas en alta mar (Proyecto IPC-01), a que haremos referencia como el “Contrato”. A dicho contrato se le asignó el número PEP-O-129/97. En mayo de 2003, las partes celebraron un nuevo contrato para el desarrollo de trabajos adicional al proyecto original. Ambos contratos se sometieron a derecho mexicano y establecieron que cualquier controversia sería resuelta en arbitraje bajo el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). También se señaló en ambos documentos que PEP tenía el derecho de rescindir administrativamente los contratos si COMMISA incumplía con ciertas obligaciones.
Por razones diversas, la ejecución y cumplimiento del Contrato llegó a una situación problemática. Las partes lograron conciliar y celebraron el Convenio de Conciliación al Contrato (IPC-01). No obstante lo anterior, los problemas continuaron por lo que en marzo de 2004, PEP notificó a COMMISA el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato.
Como resultado de lo anterior, nuevamente se inició una conciliación, durante la cual estuvo suspendido el procedimiento de rescisión, pero la misma fue infructuosa. El contrato se rescindió administrativamente por PEP en diciembre de 2004.
Días después, COMMISA inició un juicio de amparo en contra de la rescisión administrativa del Contrato, el cual le fue negado, e incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) la cual resolvió el 23 de junio de 2006 que la rescisión administrativa era constitucional.
También en diciembre de 2004, COMMISA inició un procedimiento de arbitraje ante la CCI por presuntos incumplimientos al Contrato (arbitraje número 13613/CCO/JRF). En el arbitraje PEP objetó la competencia del Tribunal Arbitral para conocer sobre la rescisión administrativa del Contrato argumentando que se trataba de un acto de autoridad que no podía ser revisado por particulares como los árbitros, así como que COMMISA había renunciado al acuerdo arbitral al haber iniciado un juicio de amparo en contra la rescisión administrativa del Contrato. El Tribunal Arbitral por unanimidad se declaró competente para conocer de todos los puntos litigiosos del asunto en un laudo interlocutorio. PEP no lo impugnó.
Como resultado del procedimiento arbitral, en diciembre de 2009 COMMISA obtuvo un laudo favorable dictado por mayoría que condenó a PEP a pagar más de trescientos millones de dólares.
COMMISA solicitó el reconocimiento y ejecución del laudo en los Estados Unidos de América en enero de 2010. El 2 de noviembre de 2010 la Corte del Distrito Sur de Nueva York reconoció el laudo y ordenó a PEP pagar. Para suspender la ejecución, PEP garantizó el pago del laudo mediante un depósito.
El 15 de noviembre de 2010, Pemex apeló la sentencia que confirmaba el laudo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estados Unidos. También inició un juicio de nulidad de laudo en México alegando que el laudo resolvía sobre cuestiones no arbitrables y violaba el orden público.
Por lo que hace a la nulidad en México, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal por sentencia de 24 de junio de 2010 negó la procedencia de la solicitud de nulidad señalando que el laudo preliminar sobre competencia no había sido impugnado en tiempo y que dicha resolución no violaba el orden público al involucrar intereses individuales derivados de una relación comercial entre las partes.
En consecuencia, Pemex promovió un juicio de amparo indirecto cuya sentencia de fecha 27 de octubre de 2010 dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal confirmó también la validez del laudo arbitral al considerar que el Contrato incluía una cláusula de arbitraje de alcance amplio que aplicaba a todos los daños derivados del incumplimiento al Contrato y la rescisión administrativa. Asimismo mencionó que la Ley Orgánica de Pemex autorizaba a que un tribunal arbitral se pronunciara sobre las bases, contexto y efectos de la rescisión administrativa cuando son de naturaleza privada. Sin embargo, en la revisión del amparo promovida por Pemex el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Distrito Federal ordenó al Juez de Distrito dejar insubsistente la sentencia que confirmaba el laudo. En consecuencia, el Juez de Distrito emitió en octubre de 2011 una sentencia que declaró nulo el laudo en cuestión.
La nulidad del laudo se concedió por considerar el tribunal colegiado que el laudo transgredía el orden público e iba en contra del interés general al versar sobre cuestiones no arbitrables como la rescisión administrativa la cual tiene carácter de acto de autoridad tomando como guía la Ley de Adquisiciones y Obras reformada en el año 2009 y la jurisprudencia.
Consideró que los actos de autoridad son de competencia exclusiva de los tribunales judiciales, y la rescisión administrativa había sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Adicionalmente, en sus razonamientos el Tribunal Colegiado mencionó que el laudo violaba el orden público toda vez que los contratos administrativos están regulados por leyes administrativas y la Constitución e involucran decisiones delicadas que no pueden ser valoradas por un tribunal arbitral privado.
Basados en la nulidad del laudo, PEP apeló la sentencia que había confirmado el laudo en los Estados Unidos. Con fecha 16 de febrero de 2012 la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estaos Unidos resolvió dejar sin efectos dicha sentencia y remitió el expediente nuevamente al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que dictara una nueva sentencia que analizara si la ejecución del laudo debía ser negada por haber sido el laudo anulado en México.
El 27 de agosto de 2013, después de reabrir a estudio diferentes aspectos derivados del arbitraje, el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York nuevamente confirmó el laudo tomando en consideración que la disposición legal que excluye la rescisión administrativa del ámbito del arbitraje era posterior a la fecha del Contrato ; que COMMISA ya no tendría posibilidad de buscar una indemnización por daños y perjuicios ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en México; y que existía una contradicción entre la resolución de nulidad del laudo por parte del Tribunal Colegiado en México y la Ley Orgánica de Pemex al momento de la contratación. A la fecha está pendiente la cuantificación y ejecución del laudo.

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