Arbitraje en México

Arbitraje y Energía.- Ronda 1 Aguas someras: la cláusula de solución de controversias

El día de ayer se llevó a cabo en México la primera licitación para campos de explotación de aguas someras por parte del sector privado, terminando con el monopolio que mantuvo el Estado Mexicano por más de 70 años.

La versión final del Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida a celebrarse entre la Comisión Nacional de Hidrocarburos (“CNH”) y el ganador de la licitación, incluye la siguiente cláusula de solución de controversias:

“CLÁUSULA 26.

LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

26.1 Normatividad Aplicable. El presente Contrato se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de México.

26.2 Conciliación. En cualquier momento, las Partes podrán optar por alcanzar un acuerdo respecto a las diferencias o controversias transigibles relacionadas con el presente Contrato mediante un procedimiento de conciliación ante un conciliador. Este procedimiento iniciará cuando una de las Partes invite a la otra y ésta acepte la invitación a la conciliación dentro de los quince (15) Días siguientes al envío de la invitación. En caso que la Parte que pretenda iniciar la conciliación no reciba respuesta, se considerará que ésta fue rechazada. Las Partes acordarán el nombramiento del conciliador, o en su caso, podrán recurrir a la asistencia de una institución para su nombramiento. El procedimiento de conciliación se seguirá conforme al Reglamento de Conciliación de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (el “Reglamento CNUDMI”), debiendo el conciliador ayudar a las Partes en sus esfuerzos por lograr un arreglo amistoso respecto a la controversia, de la forma más eficiente y expedita posible. En caso que transcurridos tres (3) Meses no se haya alcanzado un acuerdo, las Partes resolverán las diferencias o controversias en apego a la Cláusula 26.5 del presente Contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que cualquiera de las Partes pueda dar por terminada la conciliación y acudir al arbitraje en cualquier momento.

El procedimiento establecido en esta Cláusula 26.2 no aplicará para la rescisión administrativa de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Normatividad Aplicable.

26.3 Requisitos del Conciliador. La persona física que sea nombrada como conciliador de conformidad con lo establecido en la Cláusula 26.2, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(a) Tener por lo menos diez (10) Años de experiencia en conciliación con los conocimientos, experiencia y pericia para facilitar la comunicación entre las Partes con respecto de la controversia.

(b) Ser independiente, imparcial y neutral; asimismo, deberá divulgar cualquier interés u obligación que esté sustancialmente en conflicto con su designación y/o pueda perjudicar su actuación con respecto a la controversia.

(c) Deberá firmar un acuerdo de confidencialidad sobre cualquier información provista por las Partes con relación a la controversia entre las mismas, de manera previa a su nombramiento.

Ninguna persona física podrá ser nombrada como conciliador si ésta: (i) es o ha sido en cualquier momento dentro de los seis (6) Años previos a su designación, un empleado de cualquiera de las Partes o de sus Filiales; (ii) es o ha sido en cualquier momento dentro de los tres (3) Años previos a su nombramiento, un consultor o contratista de cualesquiera de las Partes o de sus Filiales, o bien (iii) mantenga cualquier interés financiero significativo con cualquiera de las Partes.

(d) Los honorarios del conciliador deberán ser cubiertos por igual entre las Partes.

Lo anterior sin perjuicio de que cualquier persona física que cumpla todos los requisitos previstos en esta Cláusula 26.3 pueda ser nombrada como conciliador en más de una ocasión.

26.4 Tribunales Federales. Todas las controversias entre las Partes que de cualquier forma surjan o se relacionen con las causales de rescisión administrativa previstas en la Cláusula 23.1 o con algún acto de autoridad, deberán ser resueltas exclusivamente ante los Tribunales Federales de México.

26.5 Arbitraje. Sin perjuicio de lo previsto en la Cláusula 26.4, cualquier otra controversia que surja del presente Contrato o que se relacione con el mismo, y que no haya podido ser superada después de tres (3) Meses de haber iniciado el procedimiento de conciliación previsto en la Cláusula 26.2, deberá ser resuelta mediante arbitraje conforme al Reglamento CNUDMI. Las Partes acuerdan que el Presidente de la Corte Internacional de Justicia será la autoridad nominadora del procedimiento arbitral. La ley aplicable al fondo será la estipulada en la Cláusula 26.1 y las controversias deberán resolverse conforme a estricto derecho. El tribunal arbitral se integrará por tres miembros, uno nombrado por la CNH, otro nombrado por el Contratista, y el tercero (quien será el Presidente) nombrado de conformidad con el Reglamento CNUDMI, en el entendido de que: (i) la Parte demandante deberá nombrar a su árbitro en la notificación de arbitraje y la Parte demandada tendrá noventa (90) Días contados a partir de que reciba personalmente la notificación de arbitraje para nombrar a su árbitro, y (ii) los dos árbitros nombrados por las Partes tendrán no menos de sesenta (60) Días contados a partir de la aceptación del nombramiento del árbitro designado por el demandado para designar, en consultas con las Partes, al árbitro que actuará como Presidente del tribunal. El procedimiento arbitral se conducirá en español y tendrá como sede la Ciudad de La Haya en el Reino de los Países Bajos.

26.6 Consolidación. En caso que un arbitraje iniciado conforme a la Cláusula 26.4 y un arbitraje iniciado conforme a lo previsto en la Garantía Corporativa involucren la misma litis, dichos arbitrajes serán, a solicitud de la CNH, consolidados y tratados como un solo arbitraje. En dicho caso, se considerará que el árbitro designado por el Contratista fue también designado por el Garante.

26.7 No Suspensión de Actividades Petroleras. Salvo que la CNH sea quien rescinda el Contrato o se cuente con el consentimiento en contrario de la CNH, el Contratista no podrá suspender las Actividades Petroleras mientras se resuelve cualquier controversia.

26.8 Renuncia Vía Diplomática. El Contratista renuncia expresamente, en nombre propio y de todas sus Filiales, a formular cualquier reclamo por la vía diplomática.

Comentario:

Al respecto, vale la pena comentar de manera general, lo dispuesto por la cláusula de solución de controversias antes citada.

Como puede apreciarse, se trata de una cláusula escalonada que prevé una etapa de conciliación y de no alcanzarse un acuerdo entre las partes durante dicha etapa, un arbitraje. Lo anterior salvo que se trate de un asunto no arbitrable como lo es la rescisión administrativa del contrato.

La cláusula prevé lo siguiente:

I. El arbitraje se llevará conforme al Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional “CNUDMI”. 

El Reglamento de Arbitraje de la CNDUMI o por sus siglas en inglés “UNCITRAL” se puede consultar el Reglamento de CNUDMI en la siguiente liga: http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html

Dicho reglamento fue diseñado especialmente para procedimientos de arbitrajes ad hoc, es decir, aquellos en los que no participa una institución administradora del procedimiento.

Llama la atención que para esta cláusula se haya optado por un arbitraje ad hoc a diferencia de un arbitraje administrado por la Cámara de Comercio Internacional como usualmente se preveía en los contratos celebrados por Pemex. Sin embargo, dejaremos para alguna nota más adelante las consideraciones que pudieron haber llevado a la CNH a elegir un arbitraje ad hoc sobre un arbitraje institucional y nos concentrarnos en analizar el marco jurídico del procedimiento que se eligió.

II. El Presidente de la Corte Internacional de Justicia será la autoridad nominadora del procedimiento arbitral. 

Para comprender la necesidad que se tuvo de elegir en la cláusula arbitral a una autoridad nominadora debe recordarse que dentro de las principales funciones de una institución administradora (que no hay en un arbitraje ad hoc) están: (i) el apoyar a las partes en la designación de sus árbitros, ya sea que las partes no logren ponerse de acuerdo en una designación conjunta de su árbitro o que alguna de las partes no haga la designación que le corresponde; así como (ii) decidir sobre la recusación de los mismos.

Por tanto, al optar por un arbitraje ad hoc se vuelve fundamental designar una autoridad nominadora, que no es otra cosa, que la encargada de apoyar a las partes en la designación y, en su caso, recusación de sus árbitros. De esa manera se evita tener que acudir a la asistencia judicial para la solución de esos temas.

III. Tendrá como sede la Ciudad de la Haya, Reino de la Países Bajos.

El lugar del arbitraje o sede del arbitraje es una decisión que va más allá de la elección de una ubicación geográfica. Se trata de la elección de un marco jurídico que es supletorio para aquellos temas no previstos en el acuerdo de arbitraje y el reglamento elegido por las partes; y obligatorio para temas del procedimiento arbitral considerados de orden público. Implica también, desde luego, que de requerirse la asistencia judicial al arbitraje se tenga que promover en dicha jurisdicción.

Por tanto, en términos de lo dispuesto por la cláusula de solución de controversias del contrato modelo, la ley arbitral de la de la Ciudad de la Haya será la que rija en dichos temas el procedimiento arbitral, y será en la Ciudad de la Haya en la única en la que -de ser necesario- se tendría que buscar la nulidad de cualquier laudo.

Desde luego que existen otros temas que comentaremos más adelante como la determinación y pago de los honorarios de los árbitros, el costo adicional de representación que significa litigar en una jurisdicción distinta cualquier tema de asistencia judicial al arbitraje, entre otros.

  

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La nueva Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

enero 27, 2015 8:41 pm / Deja un comentario

Como parte de la reforma integral que se está llevando a cabo en el ámbito penal en nuestro país, el 29 de diciembre de 2014 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación un nuevo ordenamiento en materia de solución de controversias para el ámbito penal; esto es, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Sigue leyendo en https://mediationinmexico.wordpress.com/2015/01/27/la-nueva-ley-nacional-de-mecanismos-alternativos-de-solucion-de-controversias-en-materia-penal/

Resuelve SCJN acerca del efecto del arbitraje sobre las acciones colectivas

octubre 6, 2014 2:58 pm / Deja un comentario

Habrá que estar pendientes de la publicación del engrose, mientras tanto les compartimos el comunicado que al respecto publicó la Suprema Corte de Justicia mexicana:

“México D.F., a 24 de septiembre de 2014

RESUELVE CORTE ACCIÓN COLECTIVA RELACIONADA CON CLUB DE GOLF

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo directo 33/2014, a propuesta del Ministro José Ramón Cossío Díaz.
El referido amparo directo deriva de la interposición de una demanda de acción colectiva individual homogénea por parte del representante común de 62 adquirentes de membresías de un club de golf en contra de la persona moral con quien celebraron los contratos de membresía. Entre las prestaciones que la colectividad demandó destacan: el cumplimiento forzoso de las condiciones y términos contratados originales y la declaración de nulidad de la cláusula que permite a la empresa demandada modificar unilateralmente los términos del contrato de adhesión. La autoridad de primera instancia declaró carecer de competencia para conocer del asunto, pues advirtió la existencia de una cláusula en los documentos de membresía que implica una sumisión expresa a la competencia de un árbitro en la Ciudad de México.
La Primera Sala estimó incorrecta la declaración toda vez que dicha autoridad no puede hacer valer su incompetencia de oficio pues las partes pudieron convenir voluntariamente someterse a la instancia jurisdiccional. Además pierde de vista que la relación entre los integrantes de la colectividad actora y la parte demandada es una relación de consumo, la cual permite la aplicación de disposiciones que constituyen excepciones a las reglas generales establecidas en la legislación civil y mercantil con la finalidad de romper la asimetría existente entre los proveedores y los consumidores.
También, determinó que la cláusula arbitral no puede ser el sustento para que la autoridad jurisdiccional de primera instancia oficiosamente funde su incompetencia para no conocer de la acción colectiva. Lo anterior se debe a que se estaría privando a la colectividad consumidora del medio idóneo establecido en el texto constitucional para defender sus derechos como consumidores y, finalmente, se estaría contribuyendo a que se acentúe la asimetría existente entre proveedores y consumidores, en la cual este último generalmente es la parte débil.
Por tanto, el amparo fue concedido para el efecto de que el tribunal unitario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada que confirma la declaratoria de incompetencia y ordene al juez a emitir un nuevo auto inicial de juicio y continuar con la etapa de certificación establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, se estableció que el juzgador federal tendrá que tener en cuenta que el asunto versa de una relación de consumo y por ende, debe aplicar el régimen de protección al consumidor regulado principalmente en los artículos 17 y 28 constitucionales y en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Consecuentemente la cláusula arbitral contenida en un contrato de adhesión no puede ser el fundamento para determinar carecer de competencia legal para conocer del asunto.”
(énfasis añadido)

Reciente tesis abre la posibilidad de que se considere al árbitro autoridad

octubre 6, 2014 2:54 pm / Deja un comentario

Época: Décima Época
Registro: 2007320
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 29 de agosto de 2014 08:13 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.5o.C.76 C (10a.)

LAUDO EMITIDO POR ÁRBITRO PARTICULAR. ES INCOMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PARA CONOCER DE ÉL EN EL AMPARO DIRECTO.

De las fracciones III, inciso a) y V, inciso c), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 170 de la nueva Ley de Amparo, se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo, los que sólo proceden contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que le ponen fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese contexto normativo, la validez de un laudo emitido por un árbitro particular no puede dilucidarse a través de dicho medio de defensa, al tratarse de una decisión que no es emitida por los tribunales de referencia, pues no es suficiente para estimar la competencia de dichos órganos, que la decisión señalada como acto reclamado tenga la denominación de laudo, ya que tal es la noción que corresponde a las resoluciones definitivas que emiten los tribunales del trabajo, y esa naturaleza no corresponde al árbitro que emitió el acto que se reclama en un procedimiento arbitral pactado por las partes, pues un requisito sine qua non para estimar la posibilidad de que en el amparo directo pueda cuestionarse la regularidad de ese tipo de actos, es que sean emitidos por tribunales del Estado y no por árbitros privados. Por ende, en estos casos el Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, debe declarar su incompetencia y remitir el asunto al Juez de Distrito que corresponda, quien deberá pronunciarse sobre la posibilidad de que el árbitro, como particular que emite un acto equiparable al de autoridad, pueda ser considerado como responsable para efectos del juicio de amparo.

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Amparo directo 384/2013. Gilberto Contreras Zúñiga. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández Ruiz de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

Esta tesis se publicó el viernes 29 de agosto de 2014 a las 08:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

El caso Pemex Exploración y Producción vs Commisa

octubre 3, 2013 6:05 pm / Deja un comentario

Uno de los asuntos recientes más comentados en los que ha estado involucrado Pemex como parte, ha sido el caso conocido como “caso COMMISA” por lo que vale la pena conocer algunos de los detalles del mismo.
La controversia surgió de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado celebrado en octubre de 1997 entre PEP y Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral, S. de R.L. de C.V. (“COMMISA”) para la construcción de dos plataformas en alta mar (Proyecto IPC-01), a que haremos referencia como el “Contrato”. A dicho contrato se le asignó el número PEP-O-129/97. En mayo de 2003, las partes celebraron un nuevo contrato para el desarrollo de trabajos adicional al proyecto original. Ambos contratos se sometieron a derecho mexicano y establecieron que cualquier controversia sería resuelta en arbitraje bajo el Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). También se señaló en ambos documentos que PEP tenía el derecho de rescindir administrativamente los contratos si COMMISA incumplía con ciertas obligaciones.
Por razones diversas, la ejecución y cumplimiento del Contrato llegó a una situación problemática. Las partes lograron conciliar y celebraron el Convenio de Conciliación al Contrato (IPC-01). No obstante lo anterior, los problemas continuaron por lo que en marzo de 2004, PEP notificó a COMMISA el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato.
Como resultado de lo anterior, nuevamente se inició una conciliación, durante la cual estuvo suspendido el procedimiento de rescisión, pero la misma fue infructuosa. El contrato se rescindió administrativamente por PEP en diciembre de 2004.
Días después, COMMISA inició un juicio de amparo en contra de la rescisión administrativa del Contrato, el cual le fue negado, e incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) la cual resolvió el 23 de junio de 2006 que la rescisión administrativa era constitucional.
También en diciembre de 2004, COMMISA inició un procedimiento de arbitraje ante la CCI por presuntos incumplimientos al Contrato (arbitraje número 13613/CCO/JRF). En el arbitraje PEP objetó la competencia del Tribunal Arbitral para conocer sobre la rescisión administrativa del Contrato argumentando que se trataba de un acto de autoridad que no podía ser revisado por particulares como los árbitros, así como que COMMISA había renunciado al acuerdo arbitral al haber iniciado un juicio de amparo en contra la rescisión administrativa del Contrato. El Tribunal Arbitral por unanimidad se declaró competente para conocer de todos los puntos litigiosos del asunto en un laudo interlocutorio. PEP no lo impugnó.
Como resultado del procedimiento arbitral, en diciembre de 2009 COMMISA obtuvo un laudo favorable dictado por mayoría que condenó a PEP a pagar más de trescientos millones de dólares.
COMMISA solicitó el reconocimiento y ejecución del laudo en los Estados Unidos de América en enero de 2010. El 2 de noviembre de 2010 la Corte del Distrito Sur de Nueva York reconoció el laudo y ordenó a PEP pagar. Para suspender la ejecución, PEP garantizó el pago del laudo mediante un depósito.
El 15 de noviembre de 2010, Pemex apeló la sentencia que confirmaba el laudo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estados Unidos. También inició un juicio de nulidad de laudo en México alegando que el laudo resolvía sobre cuestiones no arbitrables y violaba el orden público.
Por lo que hace a la nulidad en México, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal por sentencia de 24 de junio de 2010 negó la procedencia de la solicitud de nulidad señalando que el laudo preliminar sobre competencia no había sido impugnado en tiempo y que dicha resolución no violaba el orden público al involucrar intereses individuales derivados de una relación comercial entre las partes.
En consecuencia, Pemex promovió un juicio de amparo indirecto cuya sentencia de fecha 27 de octubre de 2010 dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal confirmó también la validez del laudo arbitral al considerar que el Contrato incluía una cláusula de arbitraje de alcance amplio que aplicaba a todos los daños derivados del incumplimiento al Contrato y la rescisión administrativa. Asimismo mencionó que la Ley Orgánica de Pemex autorizaba a que un tribunal arbitral se pronunciara sobre las bases, contexto y efectos de la rescisión administrativa cuando son de naturaleza privada. Sin embargo, en la revisión del amparo promovida por Pemex el Décimo Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Distrito Federal ordenó al Juez de Distrito dejar insubsistente la sentencia que confirmaba el laudo. En consecuencia, el Juez de Distrito emitió en octubre de 2011 una sentencia que declaró nulo el laudo en cuestión.
La nulidad del laudo se concedió por considerar el tribunal colegiado que el laudo transgredía el orden público e iba en contra del interés general al versar sobre cuestiones no arbitrables como la rescisión administrativa la cual tiene carácter de acto de autoridad tomando como guía la Ley de Adquisiciones y Obras reformada en el año 2009 y la jurisprudencia.
Consideró que los actos de autoridad son de competencia exclusiva de los tribunales judiciales, y la rescisión administrativa había sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Adicionalmente, en sus razonamientos el Tribunal Colegiado mencionó que el laudo violaba el orden público toda vez que los contratos administrativos están regulados por leyes administrativas y la Constitución e involucran decisiones delicadas que no pueden ser valoradas por un tribunal arbitral privado.
Basados en la nulidad del laudo, PEP apeló la sentencia que había confirmado el laudo en los Estados Unidos. Con fecha 16 de febrero de 2012 la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Estaos Unidos resolvió dejar sin efectos dicha sentencia y remitió el expediente nuevamente al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que dictara una nueva sentencia que analizara si la ejecución del laudo debía ser negada por haber sido el laudo anulado en México.
El 27 de agosto de 2013, después de reabrir a estudio diferentes aspectos derivados del arbitraje, el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York nuevamente confirmó el laudo tomando en consideración que la disposición legal que excluye la rescisión administrativa del ámbito del arbitraje era posterior a la fecha del Contrato ; que COMMISA ya no tendría posibilidad de buscar una indemnización por daños y perjuicios ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en México; y que existía una contradicción entre la resolución de nulidad del laudo por parte del Tribunal Colegiado en México y la Ley Orgánica de Pemex al momento de la contratación. A la fecha está pendiente la cuantificación y ejecución del laudo.

El árbitro no puede ser considerado como autoridad responsable bajo la nueva Ley de Amparo

mayo 7, 2013 5:22 pm / 1 comentario en El árbitro no puede ser considerado como autoridad responsable bajo la nueva Ley de Amparo

La nueva Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 introdujo al juicio de garantías diversas reformas, entre ellas, un nuevo concepto más amplio de la autoridad responsable en el juicio de amparo.
Para los dedicados al arbitraje comercial, se torna indispensable analizar si bajo este nuevo concepto, un árbitro podría llegar a ser considerado como autoridad responsable en un juicio de amparo, y por tanto su laudo ser objeto de una demanda de amparo.
El artículo 5º de la nueva Ley de Amparo señala cuáles son las partes en un juicio de amparo y en su fracción II establece:
“II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuya funciones estén determinadas por una norma general.”
Bajo este segundo párrafo de la fracción II, se desprende que son necesarios tres elementos para que un particular tenga la calidad de autoridad responsable:
1.- Que realice actos equivalentes a los de autoridad (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar actos, u omitir actos; según se establece en el primer párrafo de esta fracción);
2.- Que dichos actos afecten derechos (crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; según se establece en el primer párrafo de esta fracción); y
3.- Que las funciones del particular estén determinadas por una norma general.
En el supuesto del árbitro, el elemento 1 sí se cumple, ya que en efecto el árbitro realiza actos equivalentes a los de una autoridad: dictar el laudo, y ordenar a las partes ciertas conductas en sus órdenes procesales.
Sin embargo, los elementos 2 y 3 no se reúnen en el caso del árbitro. Por lo que se refiere al requisito de que lo actos afecten a terceros en forma unilateral (elemento 2), el árbitro no actúa unilateralmente, sino que las partes convienen voluntariamente en el acuerdo de arbitraje la actuación del árbitro. En otras palabras, el árbitro y las partes del arbitraje están vinculadas por una relación contractual.
Por otro lado, por lo que respecta al requisito de que las funciones del particular estén determinadas por una norma general (elemento 3), las funciones del árbitro son determinadas por las partes, ya sea directamente en el acuerdo de arbitraje, o en su defecto, en el reglamento de arbitraje señalado en dicho acuerdo de voluntades.
Por tanto, el árbitro no tiene la calidad de autoridad responsable, y sus laudos no son equiparables a actos de autoridad. Numerosos precedentes judiciales, tanto tesis como jurisprudencias, dictados antes de esta nueva Ley de Amparo, confirman esta interpretación.
Esta nota se basa en la ponencia del ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ante la Comisión de Arbitraje de ICC México el pasado 23 de abril de 2013.

El arbitraje bajo el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI)

mayo 7, 2013 5:19 pm / Deja un comentario

El arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (la “CCI”) es un método alternativo de solución de controversias que pueden pactar las partes y que es administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI bajo su Reglamento de Arbitraje. Puede ser utilizado en disputas nacionales (entre partes de un mismo país) y disputas internacionales (entre partes de distintos países). El procedimiento es flexible y eficiente, y su laudo es obligatorio, final y sujeto de ejecución forzosa en cualquier parte del mundo.
La Corte Internacional de Arbitraje de la CCI con sede en París, Francia, no resuelve por si misma las controversias, sino que administra la resolución de controversias por tribunales arbitrales designados por las partes y en su defecto, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CCI.
Este reglamento contiene las reglas que definen y regulan la conducción de los arbitrajes de principio a fin; incluyendo entre otras actuaciones, la presentación de demandas, constitución de tribunales arbitrales, conducción de procedimientos, la rendición de laudos y la determinación de los costos. Ofrecen seguridad y predictibilidad, aún cuando las partes en muchos aspectos del procedimiento pueden pactar temas específicos como son la elección de los árbitros, y el lugar e idioma del arbitraje.
La CCI ha modificado y modernizado su reglamento en varias ocasiones. La última de ellas fue recientemente. El Reglamento CCI actual está vigente a partir del 1º de enero de 2012.
Según lo previsto por el mismo (artículo 6.1), el reglamento que aplicará a una controversia administrada por la CCI será el vigente a la fecha de inicio del arbitraje. Lo anterior, a menos de que las partes de la controversia en su acuerdo de arbitraje hayan acordado someterse al Reglamento CCI vigente en la fecha de celebración de su acuerdo de arbitraje.
Como uno de los reglamentos de arbitraje más difundidos y utilizados en el mundo, el Reglamento de Arbitraje CCI se distingue por ciertos aspectos característicos; principalmente la elaboración de un Acta de Misión por parte del tribunal arbitral en una fase temprana del arbitraje, y el sometimiento por parte del tribunal arbitral de su proyecto de laudo a la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI para su aprobación. Bajo el reglamento, la Corte puede ordenar modificaciones de forma, y sugerir modificaciones en cuanto al fondo al tribunal arbitral.
Para mayor referencia, ver http://www.iccwbo.org/Products-and-Services/Arbitration-and-ADR/Arbitration/ICC-Rules-of-Arbitration/.

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